Las detenciones de migrantes en México están en aumento, incluso mientras la violencia en las fronteras sur y norte hace que el viaje hacia Estados Unidos sea cada vez más peligroso.
Mientras una nueva caravana migrante salió de Chiapas esta semana, el Ministerio del Interior (Segob) informó que el número de migrantes detenidos en México durante los primeros dos meses de 2024 aumentó un 218% en comparación con el mismo período del año pasado.
Durante enero y febrero de 2023, las autoridades mexicanas detuvieron a 75,401 migrantes; este año, fueron detenidos 239,948 migrantes durante el mismo período. El total de este año es el más alto para enero-febrero desde 2018, según informó el periódico El Economista.
Los datos de Segob muestran que la mayoría de los migrantes indocumentados detenidos por las autoridades de inmigración eran venezolanos (56,312), seguidos de guatemaltecos (28,250) y hondureños (25,924).
Casi la mitad de las detenciones de migrantes contabilizadas por Segob (109,677) tuvieron lugar en el estado sureño de Tabasco, con otras 71,510 registradas en el estado de Chiapas, que limita con Guatemala.
El jueves, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una ONG de derechos humanos, también emitió un informe que denunciaba la violencia que enfrentan los migrantes cuando llegan a la frontera norte de México.
WOLA entrevistó al personal de refugios para migrantes y sus hallazgos revelaron que al llegar al estado fronterizo de Tamaulipas, los migrantes y solicitantes de asilo son objeto de secuestros sistemáticos, violencia sexual y abuso físico y psicológico por parte de cárteles de la droga que se han diversificado hacia el tráfico de personas.
Las pandillas del crimen interceptan autobuses llenos de migrantes y los secuestran de refugios y campamentos, extorsionando a las víctimas y a sus familias en sus lugares de origen. Lo más alarmante es que el informe de WOLA incluyó testimonios que alegaban complicidad oficial en el abuso que sufren los migrantes. Esa complicidad toma formas tanto activas, como el informe de la organización de historias sobre la policía estatal “vendiendo” migrantes a cárteles, como pasivas, como las autoridades que no reaccionan o investigan los secuestros de migrantes, “a veces respondiendo a llamados de ayuda con silencio o negativas”.
La violencia en la frontera sur también es una preocupación. A finales del mes pasado, un video de un enfrentamiento entre un oficial de inmigración y migrantes armados con palos para evitar ser detenidos se hizo viral. El oficial de inmigración y un contingente de la Guardia Nacional (GN) intentaban detener a miembros de una caravana que viajaba por la carretera Costera en Mapastepec, Chiapas.
Testigos le dijeron al periódico La Silla Rota que más de 100 migrantes fueron detenidos y desde entonces se desconoce su paradero, un incidente que los activistas dicen que ilustra la falta de respeto por los derechos humanos de los migrantes en México.
También el mes pasado, el periódico El País informó que la última caravana de migrantes se dirigía hacia el norte desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, huyendo de la violencia relacionada con los cárteles.
El País reportó que Tapachula está sitiada por pandillas criminales rivales que luchan por el control del narcotráfico y las rutas de tráfico de personas, lo que ha provocado un aumento en los secuestros y asesinatos.
La violencia en todo Chiapas ha ido en aumento desde que el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a desafiar la dominación del Cártel de Sinaloa en el estado.